Medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial. Real Decreto-ley 4/2014, de 7 de marzo

Hace poco más de un mes que se publicó un nuevo decreto ley en materia de refinanciación y reestructuración de la deuda empresarial, cuya finalidad es la ofrecer las máximas garantías a los acreedores en estos procedimientos de alivio de carga financiera.

Habitualmente nos encontramos con empresas realmente viables operativamente, capaces de generar beneficios con su actividad empresarial, pero debido a su apalancamiento financiero se torna inviables.

Las empresas que se encuentran en esa situación tiene la alternativa de liquidarla o sanearla financieramente, para que la deuda remanente sea soportable, y así continuar con su actividad empresarial, es en esta segunda opción donde se basa el nuevo decreto –ley.

Medidas urgentes en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial.

Este es el momento para acometer medidas principalmente destinadas a la reestructuración viable de la deuda empresarial. En efecto, una vez realizada la necesaria reestructuración del sector financiero, y saneados los balances bancarios, pueden y deben las entidades de crédito y los demás acreedores financieros contribuir al saneamiento de las empresas que, no obstante a su elevado endeudamiento, siguen siendo productivas.

Lo destacable de esta situación no es la dificultad para alcanzar acuerdos entre deudor y acreedores financieros derivada por la falta de voluntad de las partes, sino de la rigidez legal establecida en la normativa concursal y preconcursal, motivo por el cual se ha realizado esta reforma legal, consiguiendo que con el consenso entre el deudor y sus acreedores, obtengan la maximización del valor de los activos, evitando el concurso de la entidad, y la reducción o aplazamiento de los pasivos.

Las modificaciones más destacables son:

 La presentación de la comunicación de inicio de negociaciones entre el deudor y sus acreedores, puede suspender, las ejecuciones judiciales de bienes que sean necesarios para la actividad empresarial del deudor.

 Suspensión del resto de ejecuciones singulares que hayan promovido los acreedores financieros, siempre que al menos un 51% de los acreedores financieros hayan apoyado expresamente el inicio de las negociaciones.

 Se excluyen de la suspensión de las ejecuciones de acciones o participaciones de sociedades destinadas en exclusiva a la tenencia de un activo y del pasivo necesario para su financiación.

 Para incentivar la concesión de nueva financiación, se atribuye con carácter temporal la calificación de crédito contra la masa a la totalidad de los que originen nuevos ingresos de tesorería, comprendiendo los que traigan causa en un acuerdo de refinanciación y los realizados por el propio deudor o personas especialmente relacionadas, con exclusión de las operaciones de aumento de capital. (Medida de carácter extraordinario temporal para todos los nuevos ingresos de tesorería que se produzcan en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de este decreto-ley).

 Aquellos que haya obtenido la condición de socio, debido a la capitalización de la deuda debido a la operación de refinanciación, no serán considerados como personas especialmente relacionadas a efectos de calificar como subordinada la financiación por ellos otorgada como consecuencia de dicha operación.

 Se amplía el ámbito subjetivo, extendiéndose la posibilidad de suscribir este acuerdo a todo tipo de acreedores de pasivos financieros, excluidos los acreedores por operaciones comerciales y los acreedores de derecho público.

 Dar mayor relevancia y nitidez a la distinción entre obligación principal y obligación accesoria, repecto a los acuerdos de una mayoría muy cualificada de acreedores.

 Medida destinada a evitar la sobreponderación de determinadas participaciones minoritarias en acuerdos sindicados de financiación que hasta la fecha estaban dificultando enormemente la homologación de algunos acuerdos.

 Se establecen medidas destinadas a favorecer la transformación de deuda en capital, rebajando las mayorías exigibles por la Ley de Sociedades de Capital y estableciendo, con las debidas cautelas y garantías, una presunción de culpabilidad del deudor que se niega sin causa razonable a ejecutar un acuerdo de recapitalización. Se establece la ausencia de tributación en los supuestos de capitalización de deudas, salvo que la misma hubiera sido objeto de una adquisición derivativa por el acreedor, por un valor distinto al nominal de la misma.

 Se amplía la exención en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados a las escrituras que contengan quitas o minoraciones de los préstamos, créditos y demás obligaciones, facilitando los acuerdos de refinanciación o de pago.

 Se suprime la exigencia de informe de los administradores sobre los proyectos de fusión, en modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, sobre los proyectos de fusión en los casos de absorción de sociedad participada al noventa por ciento, cuando se trate de una fusión transfronteriza comunitaria.

 Se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

 Se adoptan medidas financieras para la mejora de la liquidez de las pequeñas y medianas empresas, y otras medidas económicas complementarias, para evitar que las empresas incurran en causa legal de reducción de capital y, en su caso, de disolución a causa de las pérdidas.
En la situación actual, es necesario la eliminación de los obstáculos identificados en nuestro ordenamiento jurídico que están impidiendo, en la práctica, el éxito de operaciones de reestructuración y refinanciación de empresas que ya estén en marcha, o que deben acometerse de manera inmediata, y garantizar, con ello, la continuidad de su actividad, esencial para el mantenimiento del tejido productivo de nuestro país.

Si no se adoptan las medidas contenidas en el decreto-ley, muchas de las operaciones quedarán condenadas al fracaso, o simplemente, no se plantearán, quedando las empresas afectadas abocadas a la declaración de concurso de acreedores primero y la eventual liquidación después.

Amelia Morales
Economista

 Fiscontrol Assessors

 

Imagen: https://www.flickr.com/photos/doug88888/

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