Derivación de la responsabilidad por deudas tributarias: el administrador de una sociedad como responsable subsidiario de las deudas

La responsabilidad ante la Administración del administrador de una sociedad, por las infracciones tributarais de la sociedad a la que representa o representaba se fundamenta básicamente en el art. 43 de la Ley General Tributaria y en principio es de carácter subsidiario, aunque en los casos de participación activa en la comisión de la infracción pueda adquirir el carácter de solidaria.

Derivación de la responsabilidad por deudas tributarias: el administrador de una sociedad como responsable subsidiario de las deudas

En relación a la responsabilidad subsidiaria el art. 43.1 a) de la LGT dispone lo siguiente:

43.1.-Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria las siguientes personas o entidades:

a)sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo a) del apartado 1 del artículo 42 de esta Ley (los casos de participación activa en la comisión de la infracción), los administradores de hecho o de derecho de las personas jurídicas que, habiendo éstas cometido infracciones tributarias, no hubiesen realizado los actos necesarios que sean de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones y deberes tributarios, hubiesen consentido el incumplimiento por quienes de ellos dependan o hubiesen adoptado acuerdos que posibilitasen las infracciones. Su responsabilidad también se extenderá a las sanciones.”

Analizaremos esta responsabilidad desde el punto de vista de la práctica y desde el punto de vista jurídico.

Desde el punto de vista de la práctica, la Administración, en cuanto comprueba que una sociedad no va a poder hacer frente a su deuda tributaria, sea porque no tiene bienes, o porque se haya liquidado, etc. Parece optar cada vez más, por la derivación de las deudas tributarias a la figura del administrador o liquidador de la entidad.

Dado que la ley no obliga a la administración a notificar el acuerdo de fallido de la sociedad, el administrador recibe directamente el Acuerdo de inicio de la declaración de responsabilidad tributaria, en el que se le indicará que adeuda las cantidades que no han sido satisfechas por la entidad a la que representaba o representa, y que si manifiesta la conformidad con la sanción tendrá la suerte de que se le rebajará ésta en un 30%.

Y después ya vendrá la Liquidación definitiva, plazo de pago voluntario  y en caso de que el administrador afectado no haya pagado íntegramente lo liquidado, el expediente pasará a apremio.

Y con ello, la Administración habrá ampliado su posibilidad de cobro en el patrimonio de una persona física, que sin saberlo ni quererlo deberá asumir las deudas de una sociedad, sea cual sea la realidad de su relación con esta sociedad.

En resumidas cuentas, de cada vez parece que desaparece más la razón de ser de las sociedades mercantiles anónimas y limitadas (sobre todo de las sociedades de responsabilidad limitada que pronto tendrán que pasar a llamarse “ de responsabilidad ilimitada para su administrador”), ya que su origen, si me acuerdo bien de mis clases de derecho mercantil de hace años, fue precisamente en crear una figura independiente, ficticia y separada, en la que los socios deciden cuánto capital ingresan y ponen en riesgo al desarrollar un negocio y a la postre, ésta cantidad será el importe que pueden perder, de ahí el nombre de responsabilidad “limitada”.  Pero hoy en día,  poco ha quedado de esta delimitación de la responsabilidad, al menos, frente a la Administración Pública.

Desde el punto de vista jurídico,  no encaja muy bien la facilidad de la Administración por derivar responsabilidades con los requisitos fijados por la Ley.

Así ya hemos analizado el texto del artículo 43.1 a) de la LGT que dice que los administradores responderán cuando la sociedad haya cometido infracciones tributarias, claro que esta primera delimitación pierde fuerza, desde el mismo momento que dejar de ingresar cantidad alguna, o dejar de presentar algún modelo, siempre es una infracción tributaria.

Además se debe cumplir el requisito de la motivación, es decir, la Administración debe explicar por qué considera que el administrador es responsable subsidiario de las deudas tributarias.

Y por último, no en todos los casos procede derivar la sanción al administrador, sólo en los casos siguientes:

-ocultación de bienes

-culpa o negligencia

-levantamiento de bienes

-ser depositario de los bienes del deudor o de bienes embargados.

Así las cosas, vemos que no en todos los casos, procede la derivación de la responsabilidad, pero siempre será necesario un estudio a fondo del caso concreto.

Personalmente entiendo, que la derivación no debe darse en los casos en que el administrador haya actuado con la diligencia de un “buen comerciante” porque en muchos casos son las fluctuaciones de mercado las que determinan que un negocio aparentemente viable, deje de serlo y los ingresos ya no sean suficientes para cubrir los gastos y las obligaciones tributarias. En estos casos, por mucho que se haya infringido el “deber de ingresar las deudas tributarias” no se puede hacer responsable al administrador, porque la consecuencia directa de esto será que se está haciendo un favor inmenso a las compañías de seguros.

 

Andrea Klein
Abogada del despacho Fiscontrol Assessors

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

A %d blogueros les gusta esto: