Inquisición del siglo XXI

Ya sé que todos sabemos cómo están las cosas y cómo funcionan, y que hay determinadas circunstancias que aunque no se ajustan a la legalidad “son así”.

Me refiero en concreto a la traducción a nuestra realidad del artículo 31 de la Constitución Española.
Dicho artículo está redactado de la siguiente forma:

Artículo 31.

  1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.
  2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía.
  3. Solo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley.”

Sé que este artículo es de sobra conocido, pero no hace más que llamarme la atención la falta de reflejo de este postulado que me encuentro a diario cuando analizo nuestras obligaciones fiscales y sobre todo, el procedimiento de recaudación de la Administración.

Y dicho esto, quiero hacer un breve repaso de las situaciones más comunes que se producen y que me indignan cada vez de nuevo:

Tanto empresarios como particulares que ejercen una actividad, ¡emiten facturas con un IVA importante! (generalmente sabes que al 21%) y posteriormente, dada la situación de crisis generalizada, dichas facturas se cobran tarde, mal, o nunca.

Entonces, cuando no hay gastos soportados y deducibles en la empresa, este IVA repercutido (o no) debe ingresarse por quien NO LO HA COBRADO en las arcas públicas. ¿Dónde está aquí la justicia, la proporcionalidad y la no confiscatoriedad? Directamente es una obligación desproporcionada (ya que lo tiene que adelantar quien no lo ha cobrado), injusta (el IVA viene configurado como impuesto neutro para el empresario) y confiscatoria (al final lo debe pagar el empresario y ya veremos qué ocurre).

ES REALMENTE INDIGNANTE que se haya subido el IVA aumentando la presión fiscal a todos los niveles, pero no se haya dado una solución mejor a dicho extremo.

Otro ejemplo de lo dicho:

Ya que se me ha generado una deuda tributaria por IVA que un empresario no ha cobrado, pido el aplazamiento del pago, siendo éste superior a 18.000€ ya tengo otro problema… EL EMPRESARIO DEBE GARANTIZAR EL APLAZAMIENTO, ¿cómo lo va a hacer si no tiene bienes, los bancos no avalan, y lo poco que tenía lo he perdido con la crisis…? En estos casos vamos a intentar negociar con la Agencia Tributaria a ver cómo nos ayudan, ya que la Administración Pública está para ayudar al ciudadano, y la respuesta es, que sin alguna garantía no hay aplazamiento, que se haga, no un aval, DOS AVALES PERSONALES en el caso de deudas de empresa. Es decir, si no puedo ofrecer estas garantías, que ya de por sí, tienen el carácter confiscatorio, debo asumir el devengo de recargos e intereses a toda costa.

Y NO NOS OLVIDEMOS:
La deuda procede de facturas que no me han pagado y a lo mejor nunca voy a cobrar…

En fin, si este sistema tributario quiere ser, lo que afirma la Constitución Española que debe ser, creo que alguna reforma legal haría falta.

Si la Administración quiere aumentar los ingresos tributarios, quizás sea mejor remedio bajar los impuestos y la presión fiscal que convertir a la Recaudación Tributaria en la Inquisición del siglo XXI.

Autora: Andrea Klein, abogada del despacho Fiscontrol Assessors.

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