Proyecto de ley de medidas de lucha contra el fraude fiscal

El pasado mes de junio, se publicó el Anteproyecto de Ley de Modificación de la normativa tributaria y Presupuestaria y de adecuación de la Normativa Financiera para la Intensificación de las Actuaciones en la Prevención y Lucha Contra el Fraude, con el objeto de reforzar las actuaciones de prevención contra el fraude fiscal.

Esquema del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

Pagos en efectivo

En primer lugar, incide el proyecto en el uso de efectivo del que tanto se habló a principios de año, y que ahora queda definido, confirmándose el máximo de 2.500€ para operaciones en las que mínimo una de las partes sea empresa o profesional, y no aplicándose a particulares ni a operaciones con entidades bancarias. Hay que tener en cuenta que los cheques al portador o cualquier otro documento que sirva como pago al portador, se considera también efectivo.

Las sanciones previstas son, en términos de la Administración, graves, quedando definido que quienes excedan los importes permitidos (2.500€ para residentes y 15.000€ para particulares no residentes), se enfrentarán a multas del 25% del valor del pago hecho en efectivo. Y cuidado, la sanción la recibirá tanto el que paga como el que cobra; eso sí, hay un inventivo delator, si una de las partes denuncia a la otra dentro de los tres meses posteriores al pago, la Administración Tributaria lo exonerará de sanción, y la prescripción será de cinco años. Si esto se aprueba como está previsto, se intuye un cambio en las relaciones sociales en el mundo empresarial y profesional a partir de la entrada en vigor de la normativa.

Activos en el extranjero

Se crea la obligación de informar sobre cuentas, valores y derechos sobre inmuebles situados en el extranjero.

La sanción por incumplir esta obligación será de 5.000€ por dato no declarado o declarado falso, con una sanción mínima de 10.000€. Su ámbito de aplicación se amplía respecto al texto estudiado en abril. No sólo afectará a la titularidad, sino también a la tenencia y adquisición de bienes o derechos no incluidos en la declaración informativa; si seguimos leyendo “tendrán la consideración de ganancias de patrimonio no justificadas los bienes y derechos respecto de los que no se hubiera cumplido la obligación de informar” (art. 39.2 Ley 35/2006 y 134.6 TRLIS). Y por si fuera poco, estas rentas no declaradas no prescribirán nunca.

Régimen de módulos

El texto recoge también la exclusión del régimen de módulos a aquellos empresarios que facturen menos del 50% de sus operaciones a particulares y cuyo volumen de rendimientos íntegros sea superior a 50.000 euros al año, y a los que obtengan rendimientos de más de 225.000 euros de otros empresarios o profesionales.

Estas son sólo algunas medidas del anteproyecto, aunque puede que las que se aprueben finalmente no sean tan duras, o sí.

Si quieres conocer el resto de medidas para la lucha contra el fraude fiscal, puedes consultarlas aquí.

Autor: Pedro Gelabert, socio y asesor fiscal en Fiscontrol Assessors.

 

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