Las notificaciones electrónicas de la AEAT

A raíz de la publicación del RD 1363/2010 de 29 de octubre de 2010, se ha establecido la obligatoriedad para determinados contribuyentes de recibir las notificaciones y comunicaciones de la AEAT por medios electrónicos.

Las entidades obligadas a recibir notificaciones electrónicas son:

  • Las grandes empresas.
  • Los contribuyentes inscritos en el REDEME.
  • Los que hayan optado por la tributación en el Régimen de Consolidación Fiscal del Impuesto sobre Sociedades.
  • Aquellos contribuyentes que presenten sus declaraciones mediante EDI.
  • Las personas y entidades cuyos NIFs correspondan con las letras: A, B, U, N, W y V. Es decir, la inmensa mayoría.

Durante los últimos años, se han publicado una serie de Leyes y Reales Decretos, mediante los cuales se ha ido allanando el camino hacia la notificación electrónica y la publicación del Real Decreto que los regula. Si hacemos un repaso cronológico, nos encontramos con:

  1. La Ley 11/2007 (de acceso a los ciudadanos a los servicios públicos): en sus artículos 27 y 28 ya contempla la regulación de la notificación electrónica, si bien en esta Ley la notificación electrónica era voluntaria para el obligado.
  2. El RD 1671/2009 (de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos): en su artículo 32 dispone que mediante Orden Ministerial se podrá establecer la obligatoriedad de las notificaciones electrónicas.
  3. La Orden PRE/878/2010: en la cual se establece el régimen del sistema de Dirección Electrónica Habilitada (DEH).

La obligatoriedad de las notificaciones electrónicas trae consigo una serie de ventajas e inconvenientes, los cuales, según el ojo que lo mire, pueden inclinar la balanza hacia un lado o hacia el otro.

A la Administración le ha reportado múltiples ventajas, evitando de este modo los problemas que a veces se le habían planteado en la entrega de la notificación al interesado, por no hablar del coste económico. Además, con este sistema la responsabilidad cae directamente sobre el obligado tributario o su representante, ya que la Administración se limita a “la puesta a disposición de la notificación” y si transcurridos 10 días naturales desde ese momento el obligado no “ha accedido al contenido de la notificación”, se entenderá rechazada y notificada automáticamente. Además, al ser un sistema automatizado, pueden practicarse en cualquier momento, con independencia del día y la hora.

Por otra parte, este medio, en comparación con el método tradicional de notificación, agiliza la práctica de notificaciones y, en principio, mejora el funcionamiento de la Administración tributaria, pero también tiene sus inconvenientes.

El discurso de la Administración a favor de la obligatoriedad de la notificación electrónica siempre ha sido el mismo. Se han amparado en el caso de las sociedades mercantiles, tanto anónimas como limitadas, en la presunción de que disponen de la capacitación, así como los medios tecnológicos precisos para ser incluidas en el sistema de notificación electrónica, argumentando además que ya están obligados a las presentaciones telemáticas de declaraciones, por citar un ejemplo.

Esto es la teoría, porque en la práctica de sobra sabemos que son muchas las sociedades que no cuentan ni con los medios ni con la capacidad necesaria y, por tanto, no se encuentra garantizado el acceso a las mismas.

En este punto, entran los asesores de los obligados, ya que la inmensa mayoría de sus clientes recurren a otorgar apoderamiento a su asesor para la recepción de las notificaciones obligatorias.

Desde la entrada en vigor de la obligatoriedad de la notificación electrónica, a los asesores, les ha tocado asumir una carga desmesurada de trabajo y responsabilidad. Venimos observando que hay períodos en los que la Administración realiza envíos masivos de inclusión a los obligados, quizá sea para alcanzar el porcentaje de inclusión que hayan estimado hasta ese momento. Todo ello, se traduce en una avalancha de inclusiones a gestionar por parte del asesor apoderado, que van desde la tramitación del certificado electrónico, pasando por el apoderamiento, configuración del Buzón y asignación de los días de cortesía. Respecto a esto último cabe mencionar que si bien es un gesto de flexibilidad por parte de la Administración, que desde hace mucho tiempo los asesores fiscales venían pidiendo, también conlleva un exhaustivo control, ya que como hemos comentado, el obligado que ha apoderado cuenta con que éste gestione los 30 días naturales que durante el año puede asignar de “cortesía”, durante los cuales la Administración no podrá enviar notificaciones.

La notificación electrónica obligatoria es un tema que suscita polémica, ya que son muchos los que lo consideran inconstitucional y que, en algunas cuestiones, no se ajusta a derecho. La Asociación Española de Asesores fiscales, presentó un Recurso Contencioso-Administrativo contra el RD 1363 ante el Tribunal Supremo, pidiendo la impugnación del mismo, el cual ha sido desestimado según sentencia de fecha 22 de febrero de 2012. Por ahora una batalla perdida, ya veremos lo que el futuro depara.

Autora: Lupe Cano, asesora fiscal en Fiscontrol Assessors.

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