¿Tenemos derecho a una vivienda digna?

Comúnmente aceptamos la frase “La Constitución consagra el derecho a la vivienda digna”. Pero ¿cómo debe interpretarse este “derecho” recogido en el artículo 47 de la Constitución Española?

Cierto es que el artículo 47 de la Constitución Española reza:
“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”.

Pero cierto también es que existe una norma anterior a la Constitución de 1978 y que no fue derogada por ésta, que es la herramienta que nos da las claves para interpretar todas las normas existentes en nuestro amplio Ordenamiento Jurídico, y esto es concretamente, el artículo 3 del Código Civil. En este artículo se establece “Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas.” Este último artículo no es ni más ni menos, del año 1889 y sigue vigente en la actualidadPor ello, hay que recordar que la Constitución Española establece un criterio de diferentes grados de vinculación y directa aplicabilidad de los derechos en ella consagrados, que nos viene detallado en el articulo 53 de la misma y este artículo debe entenderse en relación al 47.

En su apartado 3 el artículo 53 nos aclara que el reconocimiento, el respeto y protección de los principios reconocidos en el Capítulo III (dentro del que se encuentra el derecho a una vivienda digna y adecuada) informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. En un sentido estricto y puramente social ello podría significar que los principios del Capitulo III tienen también una eficacia habilitadora para el legislador, que puede encontrar en ellos la cobertura necesaria para superar restricciones a la intervención estatal, que pudieran derivarse de los derechos económicos de los particulares (derecho económico de las entidades bancarias, por ejemplo). Podrían, dada la situación actual de crisis, dar cobertura al legislador para frenar los comportamientos que abiertamente lesionan el derecho a una vivienda de los particulares, pero debemos tener en cuenta que estamos pidiendo cambios normativos, siempre, sin tener en cuenta que nuestro Estado se estructura y se fundamenta sobre tres pilares básicos: el poder Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. ¿Y qué hay de la inspiración de estos principios en el poder ejecutivo y judicial?

En realidad la eficacia en la aplicación y realización de estos principios muestra su mayor debilidad en los supuestos de abstención legislativa que tienen consecuencias particularmente graves, porque a diferencia de los derechos fundamentales, los derechos sociales del Capítulo III no son inmediatamente aplicables. Contienen sólo expectativas de derechos que requieren la interposición del legislador para llegar a ser derechos o intereses tutelables.

Por ello debemos concluir que existe un principio inspirador que debe guiar la actuación de los tres pilares básicos de nuestro Estado, el poder Legislativo, Ejecutivo y el Judicial, que consagra que los ciudadanos españoles tienen derecho a una vivienda digna, y que en un momento como el actual debería encontrar su máxima traducción en la actuación de estos poderes para garantizar al español poder disfrutar de dicha vivienda, aunque la disfrute por algún régimen jurídico distinto a la propiedad, como pueda ser en régimen de arrendamiento o cualquier otro que permita el disfrute de una vivienda.

Autora: Andrea Klein, abogada del despacho Fiscontrol Assessors.

Comments
2 Responses to “¿Tenemos derecho a una vivienda digna?”
  1. Roberto Fernández dice:

    Un muy buen y excelente artículo. Creo entender entonces, que está en manos del legislador la decisión de quién tiene derecho a una vivienda digna, y quién no. Espero que este derecho no incentive la ley del mínimo esfuerzo. Para qué ganarme un vivienda… si tengo derecho a que me la dén.

    • fiscontrol dice:

      Muchas gracias por el comentario Roberto. Cierto que está en manos del legislador convertir en realidad el principio orientativo del derecho a la vivienda digna, y como tal prinicipio inspirador, el legislador lo adapta y perfila a su gusto. Basta ver el ejemplo siguiente: La Constitución es del año 1978 y recoge la obligación de los poderes públicos a impedir la especulación ¿cómo se ha recogido en la legislación desde entonces? de forma muy insuficiente está claro. Por ello, parece que ya va siendo hora que la traducción a la ley de este principio se convierta en una realidad y deje der ser un “deseo de los padres de la Constitución” que por la propia rigidez del Ordenamiento Jurídico español se ve abocado al fracaso. Pero para esto hacen falta muchos cambios normativos… que esperemos no sean como tú dices, una vivienda para todo el mundo sino favorecer otras formas de “tener una vivienda” que no sea sólo en propiedad, también podría favorecerse más el alquiler para no abocar a los ciudadanos a firmar hipotecas que no pueden afrontar en un futuro próximo.

      Un saludo,

      Andrea Klein

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