Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

La Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, lleva con nosotros dos años, y de momento parece que no se es consciente de la exigencia de control, supervisión y obligaciones que conlleva.

A efectos de la Ley se entenderá por blanqueo de capitales la adquisición, utilización, conversión o transmisión de bienes que procedan de alguna de las actividades delictivas enumeradas en el artículo 1.1 o de participación en las mismas, para ocultar o encubrir su origen o ayudar a la persona que haya participado en la actividad delictiva a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos, así como la ocultación o encubrimiento de su verdadera naturaleza, origen, localización, disposición, movimientos o de la propiedad o derechos sobre los mismos, aun cuando las actividades que las generen se desarrollen en el territorio de otro Estado.

Estas nuevas obligaciones de control, se enmarcan dentro del control de operaciones de blanqueo de capitales y financiación al terrorismo y afectan tanto a los sujetos de carácter financiero como no financiero: las entidades financieras, las aseguradoras, los profesionales como registradores de la propiedad, notarios, asesores, contables, abogados, auditores, promotores inmobiliarios, joyeros, anticuarios…

El ámbito de actuación de la Ley 10/2010 es enorme, y de manera independiente al tamaño que tenga la empresa es obligatorio para todos llevar a cabo las medidas de diligencia que establece. Las más destacadas que deben adoptar los obligados son:

  • Identificación formal de la persona física o jurídica que realice una operación superior a los 15.000 euros.
  • El propósito de la relación de negocio: se debe conocer la actividad a la que se dedica el cliente y comprobar si coincide dicha actividad económica con el tipo de operación contratada.
  • Realizar un seguimiento de los movimientos que se produzcan mientras se mantenga esa relación de negocio con el cliente.
  • Examen especial de comportamientos extraños y operaciones complejas que puedan tener relación con el blanqueo de capitales o financiación del terrorismo.
  • Obligación de comunicar el indicio de blanqueo de capitales a la Comisión de Prevención si se detecta cualquier tipo de operación extraña.
  • Prohibición de revelación de la comunicación de indicio de blanqueo a terceras personas.
  • Obligación de conservar 10 años toda la documentación que pueda dar origen a una operación de blanqueo de capitales.

Con todo esto, las infracciones y sanciones pueden ser calificadas como leves, graves o muy graves, con multas que oscilan entre los 3.000 euros para administradores o directivos responsables de la infracción, a 1.502.530,26 euros para las entidades, con la penalización de la responsabilidad legal existente en caso de que la hubiera.

Así que ya sabéis, si algún posible cliente lleva un estilo de vida suntuoso, se niega a tener vacaciones o se relaciona con personas de ámbito político de otro país, sospechad.

Autor: Luis Garau, asesor fiscal en Fiscontrol Assessors.

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